Según la Defensoría del Pueblo, en mayo del presente año, en nuestro país se han presentado 212 conflictos sociales, entre activos y latentes; cifra que no ha variado con respecto a igual mes del año 2015. Seguimos en una tendencia conflictiva y, hasta la semana pasada, en Trujillo, con consecuencias muy lamentables.
La mayoría de estos conflictos suceden en el ámbito rural y tienen como causa principal al agua, debido al temor por su desaparición o contaminación.
El conflicto de Usquil y Quiruvilca, en la sierra liberteña, no escapa a la estadística de violencia en nuestro país, y responde a causas monótonas y homogéneas que se van repitiendo: la construcción de una carretera que pasaría por un área de importancia hídrica para los moradores, que significaría la disminución o pérdida del caudal de agua de la laguna San Lorenzo.
En los últimos años, por desinformación o manipulación de la información, en la mente de las poblaciones altoandinas se ha impregnado el miedo (razonable) por la falta de agua: “no queremos tal o cual proyecto, estatal o privado, porque me van a quitar mi agua”, señalan. Esta percepción sobre el impacto al agua ha calado tanto, que su sola mención genera fuertes oposiciones y tensiones, que bien podrían evitarse con una oportuna intervención informativa del Estado y de los actores sociales.
Sin la presencia pronta y eficaz del Gobierno, más la generación de intereses personales, políticos y económicos, se dan las condiciones para que aparezcan nuevos conflictos o se recrudezcan los ya existentes.
El agua se ha convertido en un tema sensible para las poblaciones rurales, y el tratamiento que se hace de ella merece una atención prioritaria y especial, no solo por parte del Estado, sino también de los usuarios. Es preocupante que este líquido elemento sea la bandera de batalla de posiciones funestas de algunos dirigentes sociales y políticos, y más aún, que por el agua se pierdan o pongan en peligro vidas humanas.
Estando a puertas de un nuevo gobierno, con nuevos líderes políticos, se hace necesario mejorar y ampliar la intervención estatal en aquellos asuntos que pueden desencadenar conflictos sociales, poniendo énfasis en mantener informada a la población en temas tan sensibles como el uso y tratamiento del agua en todos sus aspectos, públicos o privados.
El gobierno entrante tiene la obligación de tomar las riendas de su presencia en el campo y evitar que la escalada de conflictos sociales continúe en aumento. Tiene la oportunidad de poner a andar a la compleja maquinaria Estado-Sociedad-Empresa y, con ello, mejorar las condiciones sociales, ambientales, económicas, políticas, etc., para llegar al bicentenario de nuestra independencia como un país estable, con el menor número de conflictos que tengan al agua como su causa inmediata.
